Este jueves 5 de noviembre, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, anunció un veto sustitutivo a la Ley de Incendios forestales para incluir compensaciones económicas a propietarios e inyección de recursos a municipios. Esta decisión fue aprobada después de que la Cámara de Diputados despachara la iniciativa sin el respaldo a las normativas de quórum necesarias. Como respuesta, sectores de la oposición política, incluyendo a legisladores del Frente Amplio y del Partido Comunista, expresaron su profunda molestia ante la medida. Los parlamentarios criticaron al Ejecutivo bajo el argumento de que dicha acción gubernamental solo busca dilatar innecesariamente la tramitación de una normativa urgente y vital para la prevención de futuros desastres.
La propuesta legislativa, que llevaba tres años en tramitación, busca dotar al país de herramientas urgentes de planificación y fiscalización antes del inicio del verano. Incluye medidas para agilizar la actualización de planes reguladores, identificar zonas de riesgo (áreas críticas de amortiguación donde las viviendas conviven directamente con la vegetación expuesta), establecer obligaciones de manejo preventivo de la vegetación (limpieza de vegetación y creación de cortafuegos por parte de propietarios de predios en zonas de riesgo), a la vez que mayor control e institucionalidad, contemplando fortalecer la fiscalización a través del nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor), regulando de forma estricta las quemas controladas y sancionando económicamente los incumplimientos.