El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron la firma de un acuerdo petrolero calificado por Washington como “el mayor de la historia”. El convenio se produce en un escenario de fuerte tensión política, después de que la administración estadounidense estableciera un bloqueo marítimo y ejecutara una operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. Este controvertido pacto entrega a Estados Unidos participación directa y “control mayoritario” sobre 17 yacimientos clave de crudo en la nación sudamericana.
El acuerdo abarca la explotación de unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, lo que equivale a más del 21% de las reservas totales de Venezuela. Mientras que Rodríguez detalló en televisión nacional que el pacto tiene una vigencia de 25 años y busca una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, fuentes estadounidenses sugieren que los derechos de desarrollo podrían extenderse hasta por 100 años. Asimismo, el Departamento de Estado de EE.UU. especificó que obtendrán una participación efectiva del 55% de la producción de la empresa conjunta.
Para La República Bolivariana de Venezuela, el acuerdo promete una inversión de más de 100.000 millones de dólares para recuperar su desmantelada infraestructura petrolera e ingresos fiscales por 209.000 millones de dólares. Por su parte, Estados Unidos busca mitigar el fuerte incremento de la gasolina en su territorio —que ha superado los 4 dólares por galón a raíz de su conflicto militar con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz—, además de reabastecer su Reserva Estratégica nacional, la cual se encuentra en su nivel más bajo desde 1983. El crudo pesado venezolano es ideal para las refinerías de la costa estadounidense del Golfo, diseñadas específicamente para procesar este tipo de barril.
Cabe destacar que, un actor preponderante en la ejecución de las operaciones es el polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt y su compañía con sede en Barbados, North American Blue Energy Partners (NABEP). Betancourt, quien amasó una gran fortuna bajo el chavismo y perteneció al grupo conocido como los “bolichicos”, actúa ahora como intermediario estratégico entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez. Su compañía, que produce actualmente unos 200.000 barriles diarios, aspira a elevar la producción a un millón en los próximos cinco años con apoyo de capital estadounidense, facilitado por el respaldo del Pentágono mediante su Oficina de Capital Estratégico.
No obstante, el convenio ha desatado una ola de severas críticas de diversos sectores políticos que denuncian una flagrante falta de transparencia y la entrega de la soberanía nacional. Sectores opositores, representados por el economista Ricardo Haussmann, critican a Washington por aliarse con los “opresores” en lugar de promover la democracia, mientras que analistas de geopolítica advierten que esta pragmática relación económica podría desincentivar y postergar indefinidamente una transición democrática en Venezuela. Adicionalmente, expertos en derecho petrolero como César Mata alertan sobre el peligro de consolidar un modelo meramente extractivo que deje de lado la industrialización local de los hidrocarburos.
