“Lo que debiera venir ahora es la privatización de CODELCO, o, al menos, de parte de su propiedad, para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, fue lo que expresó el senador de Republicanos, Arturo Squella, en entrevista con CNNChile el pasado 29 de julio en relación a la minera estatal.
Gatillada por dicha iniciativa, el diputado por el distrito 7, Jaime Bassa, presentó una propuesta de reforma constitucional que permitiría derogar el sistema actual de concesiones, impidiendo que el otrora llamado “ Sueldo de Chile” quede en manos de privados. Bassa sostiene que se debe actuar ante las posiciones que debilitan la función estatal en materia de minerales estratégicos nacionales, dada la coyuntura geopolítica actual.
El corazón de esta reforma busca reservar únicamente al Estado o a compañías bajo su control la explotación del cobre, el litio y otros bienes estratégicos, con el fin de recuperar la soberanía económica del país como motor de desarrollo. Para este propósito, se contempla la modificación del artículo 19 Nº 24 de la Constitución, dando paso a un nuevo marco jurídico que afianzaría un dominio estatal absoluto.
Además del control estatal, la iniciativa pretende establecer que la explotación de estos recursos críticos para la economía global debe responder de forma prioritaria al interés nacional y al desarrollo sostenible, vitales para las arcas fiscales.
En este sentido, el diputado frenteamplista ha destacado que la renta generada por esta actividad debe destinarse a fuentes clave de financiamiento de políticas públicas y al fomento de la diversificación productiva, de manera que el país no dependa solamente de la extracción de materias primas, lo que beneficiaría tanto a las generaciones actuales como a las futuras. Esta visión recoge planteamientos históricos de organizaciones como la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) sobre la gestión de los recursos naturales estratégicos.
Parte de la finalidad última de esta propuesta es que el país recupere las herramientas necesarias para ejercer un control pleno sobre sus minerales, evitando que futuras autoridades puedan “arrebatarle al país aquello que es nuestro”, reabriendo el debate histórico no solo sobre la nacionalización del cobre en el actual contexto económico y político, sino también sobre un posible escenario de transformación productiva y sostenible.
