El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó una condena histórica contra 17 implicados en un megafraude de licencias médicas falsas que afectó gravemente al sistema de salud chileno. El perjuicio directo contra Fonasa se cifró en $31.571.798.643 pesos, aunque el impacto global supera los $50.000 millones de pesos al considerar las pérdidas de las isapres y de otros centros de salud no incluidos en este juicio. Entre los condenados se encuentran nueve médicos extranjeros que establecieron centros médicos de fachada para emitir miles de licencias fraudulentas sin ofrecer atención médica real, afectando directamente el financiamiento y cobertura de las prestaciones del sistema estatal.

El cabecilla de la red, el médico colombiano Samir Rivaldo, fue sentenciado a un total de 21 años de cárcel efectiva por fraude de subvenciones, emisión de licencias falsas, asociación ilícita y lavado de activos, sumando además una multa superior a los $2.566 millones de pesos. Su pareja, Yesica Donado, fue condenada a penas que superan los 16 años de prisión por los mismos delitos y a una multa de alrededor de $1.573 millones. Los demás profesionales médicos involucrados recibieron condenas de cumplimiento efectivo de 16, 15 y 13 años, mientras que otros colaboradores, captadores y compradores de licencias recibieron penas alternativas de libertad vigilada intensiva.

Al dictar el fallo, los magistrados destacaron la gravedad del abuso de la confianza institucional que el país depositó en los profesionales médicos para ejercer en su territorio, advirtiendo que las millonarias sumas ilícitas obtenidas perjudican directamente el acceso a la salud de todos los ciudadanos. Por su parte, el director de Fonasa, César Oyarzo, ratificó que la compra y venta de licencias constituye un delito y que se está trabajando de manera institucional para evitar megafraudes de esta envergadura. No obstante, la abogada defensora de Rivaldo, Doris Espinoza, y los representantes de los otros condenados anunciaron que acudirán a la Corte Suprema con un recurso de nulidad, argumentando una supuesta discriminación por su nacionalidad extranjera y la existencia de procesos administrativos pendientes en contra de las juezas del caso.