La propuesta del Gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario legislativo sumamente adverso y cuesta arriba en el Senado, y ha despertado severas críticas en la opinión pública debido a la gran concentración de poder que otorga al presidente. Esta iniciativa faculta al mandatario para decretar un régimen de emergencia por un período inicial de 120 días y ampliarlo por el mismo plazo sin necesidad de consultar previamente al Congreso Nacional.
Diversos líderes políticos advierten que estas restricciones no se dirigen exclusivamente contra la delincuencia, sino que limitan las libertades y derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ya que, por ejemplo, restringirían o suspenderían las libertades de movilización, reunión y asociación.
El nuevo estado de excepción propuesto permite a la autoridad pública interceptar, abrir o registrar comunicaciones y documentos privados, vulnerando directamente la vida personal de la población.
Asimismo, el texto legal habilita al Estado a realizar requisiciones de bienes privados para su uso temporal. Este nivel de intrusión estatal sobre bienes y correspondencia privada es catalogado por expertos constitucionales como “peligroso” y excesivo para un régimen democrático.
Finalmente, políticos con veredas opuestas como el ex presidente Gabriel Boric y el ex candidato presidencial Johanes Kaiser coinciden y evidencian que la controversia constitucional se sostiene sobre tres puntos críticos: la desproporción de un período de ocho meses (240 días) sin contrapeso parlamentario, la generalización de la pérdida de libertades públicas que termina afectando a ciudadanos inocentes en lugar de a delincuentes, y la advertencia de que la excepción constitucional no puede transformarse en una herramienta fija para administrar el país.
