En la reciente cadena nacional, el presidente José A. Kast, rodeado de banderas chilenas y con Diego Portales de fondo, presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que incluye más de 30 iniciativas legislativas orientadas a transformar la lucha contra la delincuencia en el país.
El anuncio que causó gran revuelo y gran importancia política fue la propuesta de reforma constitucional para consagrar la seguridad de las personas como un deber del Estado.
En este sentido, Kast destacó enérgicamente que “Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación”.
No obstante, expertos en derecho constitucional señalaron que la afirmación de Kast no es precisa ya que la Constitución vigente contempla este mandato. Argumentan que el artículo 1°, inciso quinto, establece claramente que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y “dar protección a la población y a la familia”, y que su alcance es suficiente para obligar al Estado a combatir al crimen organizado.
Además, esto coincide casi literalmente con el artículo 9° de la propuesta del Consejo Constitucional liderado por Republicanos (partido del presidente) rechazada a finales de 2023, que señala que era deber del Estado “resguardar la seguridad de la población”.
Finalmente, parlamentarios y analistas advierten que el discurso presidencial omitió impulsar proyectos clave que atacan directamente el financiamiento del crimen organizado, como el Subsistema de Inteligencia Económica que busca levantar el secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y que sigue estancado en el Congreso.
