La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), impulsada por Leonor Oyarzún durante el gobierno de Patricio Aylwin, enfrenta un inminente cierre proyectado para diciembre de 2026 debido a una profunda crisis económica y administrativa. Esta histórica institución, pionera en la protección de las mujeres en Chile y cuyos programas han beneficiado a más de un millón de personas desde el retorno a la democracia, se encuentra en una situación límite al contar sólo hasta octubre de 2026 con capital suficiente para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
En 2022, Irina Karamanos propuso el traspaso de la fundación desde la Dirección Sociocultural de la Presidencia al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, medida que no fue acompañada por buena gestión y administración. A una debilitada situación financiera se sumó un recorte presupuestario general del 3% decretado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la detracción de más de 800 millones de pesos en la Ley de Presupuesto 2026 y un dictamen de la Contraloría General de la República de abril de 2026 que prohibió financiar ciertos beneficios laborales con recursos públicos.
La administración de Prodemu se encuentra judicializada mediante dos querellas tras revelarse deudas que superan los 2.600 millones de pesos. La primera acción legal apunta a una exdirectora y a un exdirector financiero que gestionaron, sin autorización del directorio, líneas de crédito con BancoEstado por 1.000 millones de pesos en 2024. La segunda ofensiva judicial acusa delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos y fraude al fisco, detallando la implementación de una “bicicleta financiera” en la que se desviaron ilegalmente recursos destinados a convenios específicos, como los de Sernameg, para cubrir deudas de otros programas como los vinculados a INDAP.
Ante este escenario, la ministra de la Mujer, Judith Marín, habría determinado el cierre de la entidad, aunque la versión oficial del Ministerio de la Mujer evitó confirmar o descartar la clausura definitiva, limitándose a señalar que redujeron el déficit heredado de 2.500 millones a casi 1.300 millones de pesos en cinco meses. Por su parte, la presidenta del Sindicato Nacional de Prodemu, Fabiola Cayla, denunció un abandono y silencio por parte de las autoridades ministeriales, asegurando que los trabajadores no han recibido confirmación oficial y que darán la batalla para evitar el cierre mediante la incidencia en el presupuesto nacional.
El inminente fin de Prodemu ya ha provocado un severo impacto social con el término del Convenio Mujeres Rurales en junio de 2026, una iniciativa que brindó apoyo a campesinas vulnerables durante 34 años en alianza con INDAP. Exbeneficiarias de este programa, como Ceidy Febre, lamentan la pérdida de estas redes que no solo enseñaban agricultura, sino que también entregaban contención emocional y la oportunidad de completar la escolaridad básica y media a jefas de hogar y cuidadoras de personas dependientes, sepultando el legado de programas emblemáticos de la fundación como “Sonrisa de Mujer” y “Elige Vivir Sano”.
